Conoce nuestra iniciativa


Finalizado el conflicto armado nuestra gran prioridad es domesticar a la clase política y derrotar su corrupción. Vamos a recoger 3 millones de firmas para convocar la Consulta Popular Anticorrupción, mediante la cual vamos a darle la orden y hacer obligatorio para el próximo gobierno y Congreso que adopte 7 medidas indispensables para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas corruptos en todo el país.

Estas iniciativas las propusimos en el Congreso y sistemáticamente fueron rechazadas porque no convenían ni a los congresistas ni al cartel de contratación que existe en el país. Por eso, a través de la consulta popular que tiene la gran ventaja de que una vez cumpla con todos los requisitos, su cumplimiento es obligatorio. Si el Congreso se niega a aprobar las normas anticorrupción ordenadas por la Consulta, el Presidente de la República puede y debe sacarlas por decreto. Así que este esfuerzo no será en vano, vamos a demostrarle a la clase política y contratistas corruptos que los ciudadanos somos mayoría, y que los vamos a controlar y a castigar en las urnas y en la justicia.

Vota por estos 7 mandatos anticorrupción

Descarga aquí la explicación de cada uno de los puntos de la Consulta Popular Anticorrupción


El próximo año vamos a lograr que 11 millones de colombianos vayamos a las urnas para dar nuestro voto a favor de la Consulta Popular Anticorrupción y así poder derrotar a la clase política y a los contratistas corruptos para someterlos al control de la ciudadanía. Conozcca aquí la justificación de cada uno de los puntos de esta iniciativa

Descarga aquí la presentación con los detalles de la consulta


La corrupción es endémica en nuestro país y le quita recursos a la educación, la salud, transporte y la inversión social. Es momento de parar con este cuello de botella firmando y votando por 7 mandatos Anticorrupción

Cuando se convoque la consulta el año entrante deben votar al menos 11 millones de colombianos, y de ellos la mitad más uno, deben votar SI por cada uno de los siete mandatos para que se vuelvan de obligatorio cumplimiento. ¡Así que es fundamental que cada ciudadano se asegure que está inscrito para votar! Si usted ha votado en cualquier elección de los últimos 10 años puede votar en el mismo puesto que lo hizo antes. Si ha cambiado de ciudad o residencia, o no recuerda dónde votó antes, mejor consulte en la página oficial de la Registraduría e inscríbase AQUÍ, antes del 31 de Diciembre de este año.

 

Detector de Mentiras

 

La consulta es muy cara y solo busca bajar el salario de los congresistas

Los detractores de la Consulta dicen que realizarla costaría 50 o 280 mil millones de pesos y que tardaríamos hasta 100 años en reponer esa plata para inversión social. El ahorro solo por reducción de salarios de congresistas en un cuatrienio es de $154 mil millones. Más la incuantificable reducción de billonarios peajes a la contratación. La consulta se realizaría el día anterior a las elecciones de Congreso o presidenciales del 2018, por lo que al realizarla ese día reduciría costos.

Obligar a los congresistas a hacer pública su declaración de renta es una propuesta inocua porque ya existe en la ley

La Ley 190 de 1995 (ver ley – http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321 ), que obliga a diligenciar el formato de bienes y patrimonio, que es confidencial y secreto. La Consulta hará que sea público respecto de todos los electos por voto popular, así como su declaración de renta y los conflictos de interés, que hoy son enunciados genéricos.

Terminar unilateralmente los contratos con personas condenadas por actos de corrupción ya existe en la ley

El artículo 9 de la Ley 80 de 1993 (ver ley – http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 ) dice que quien cometa un delito de corrupción “cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución”. Muy distinto a la terminación unilateral del contrato sin indemnización, que propone la consulta.

La reclusión especial para funcionarios corruptos dejó de existir hace años

La consulta no promueve aumento de penas, lo hace el fiscal. Buscamos eliminar el privilegio de reclusión especial en una escuela de la policía o el ejército que da el artículo 29 del código penitenciario a los aforados y “exfuncionarios” de cierto rango, el cual permitió por ejemplo, a concejales del ‘carrusel’ de Bogotá, a Samuel Moreno e ilustres condenados, vivir lejos de una cárcel. Desde Otto Bula hasta Sabas Pretelt gozan de este privilegio, según informa el Inpec.


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